“Estos días estamos acampadas en Sol no solo por la defensa del derecho a la vivienda, sino por la creación desde los márgenes de una sociedad no basada en la propiedad privada. Los Centros Sociales Okupados están en la diana de este sistema neoliberal, ya que atacan sus propias bases, la propiedad privada entendida como una forma de acumulación de capital”

CSO La Enredadera

Una olla a presión

«El mercado inmobiliario de ninguna manera es un mecanismo infalible, o siquiera inteligente, que conduzca bajo la dirección de alguna mano invisible a ciudades perfectas y equilibradas. Más bien, es un lugar de combate en el que se enfrentan sujetos de muy distinta naturaleza y en el que se impone el más fuerte. El resultado se aleja por tanto de esa Arcadia ideal y se aproxima más al terrenal -por no decir infernal- campo de batalla que constituyen las ciudades capitalistas”

Samuel Jaramillo

La indignación social frente al drama que supone para las clases populares el acceso a la vivienda ha estallado una vez más. Si bien el levantamiento quincemayista de 2011 no estaba centrado solo en la cuestión de la vivienda, ya que apuntaba hacia un cuestionamiento global -”lo llaman democracia y no lo es”, era uno de sus eslóganes más coreados- del sistema político-económico, su detonante directo fueron las devastadoras consecuencias de la explosión de la burbuja inmobiliaria de 2008.

Como siempre que se produce una erupción social espontánea, como la que estamos presenciando en los espacios “liberados” de las acampadas, la pregunta pertinente no sería inquerir acerca de las causas que la han provocado, que están meridianamente claras, sino más bien, ¿por qué una revuelta popular de esta intensidad no ocurrió antes? Y es que motivos para un levantamiento de amplias capas de las clases populares, asoladas por el colapso del acceso a la ansiada “seguridad residencial”, no faltaban en absoluto. En el ciclo actual, de presunto “crecimiento” de la economía española, los niveles prohibitivos de los precios inmobiliarios, principalmente de alquiler, impactan de lleno sobre las capas más desvalidas de la inhóspita sociedad neoliberal: jóvenes sin expectativa de heredar; trabajadores condenados a la eterna precariedad; migrantes víctimas de racismo inmobiliario; jubilados con pensiones ínfimas; familias monomarentales o hipotecados insolventes en riesgo de desahucio; todos ellos se ven abocados a la exclusión social causada por la aguda crisis de asequibilidad residencial. Y sus efectos son dramáticos: las cifras de sinhogarismo se han disparado en los últimos años en las grandes ciudades y los asentamientos de tiendas o chabolas proliferan como setas en el corazón de la ciudad-mercancía. Por no mencionar el inframundo del alquiler de habitaciones, bajos sin cédula de habitabilidad e incluso trasteros, caravanas y demás refugios de supervivencia donde se agolpan los excluidos del disfrute de los dones de la sociedad opulenta.

Como resume ácidamente el exportavoz del Sindicato de Inquilinas de Barcelona Jaime Palomera: “De seguir así, el futuro será que una persona de 40 años con trabajo estable se vea abocada a alquilar una habitación”.

¿Qué decir de la “salud” de una sociedad en la que únicamente el 15% de los menores de 30 años están emancipados -y una gran parte lo logran solo gracias a la ayuda familiar-?

Nos hallamos pues ante un espacio social “agonístico”, fracturado entre dos grupos antagónicos. Por un lado, la “España de propietarios”: unos 13 millones de hogares propietarios de una sola vivienda -de los cuales 8 tienen la hipoteca pagada-, junto con 4 millones más que son propietarios de 2 o más viviendas, incluyendo a los 2 millones largos de rentistas, la gran mayoría con una sola vivienda alquilada. Y en el otro extremo del arco social, un océano de precariedad en el que pugnan por subsistir los hipotecados “problemáticos”, con dificultades para afrontar las letras mensuales; los inquilinos atrapados de por vida en la “trampa del alquiler” y en el nomadismo habitacional; la mayor parte de la juventud, excluida del préstamo hipotecario y del acceso a un alquiler estable; y, last but not least, la inmensa mayoría de las personas migrantes, condenadas a la infravivienda, el submundo de las habitaciones y el hacinamiento.

El punto de ignición estaba pues listo para la detonación. Y la imagen despiadada del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años expulsada manu militari de la vivienda madrileña donde había residido nada menos que 70 años, fue la chispa que prendió la mecha del estallido de la indignación social largamente contenida. El martirio de Maricarmen, fallecida dos semanas después del desahucio en el hospital donde llevaba ingresada desde entonces, debido al estrés y al agotamiento de siete años de lucha contra la violencia inmobiliaria, sirvió pues de espoleta moral para el despertar de la ira popular. El hecho macabro de que el día de su fallecimiento estuviera prevista la firma de un nuevo contrato de alquiler con la misma empresa que la sometió al viacrucis, no deja de ser un trágico colofón de una potencia simbólica extraordinaria. No resulta en absoluto aventurado suponer que el enorme escándalo y el consiguiente riesgo “reputacional”, provocados por la imagen grotesca de Maricarmen abandonando su casa de toda la vida en camilla camino del hospital y rodeada de antidisturbios, tuvieran algo que ver con la “generosa” decisión tomada in extremis por la empresa propietaria.

Sin embargo, el acerbo panorama esbozado encierra una aparente paradoja: las crecientes tasas de exclusión residencial conviven con las muy boyantes cifras macroeconómicas de crecimiento y de creación de empleo de la economía de la piel de toro:

“El INE confirma que la economía española creció un 2,8% en 2025, el doble que la zona euro”. La espectacular noticia coincidía con otra información en torno a un porcentaje menos halagüeño: en su informe anual sobre el Estado de la Pobreza de 2025, la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza en España (EAPN-ES) alertó de que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social era del 25,7%. Y uno de los factores que más empujan hacia ese abismo es un precio del alquiler inasumible”. A pesar pues del espejismo de crecimiento, basado principalmente en la recurrente hipertrofia de los tradicionales motores de la terciarizada y turistificada economía española, la sima social se vuelve cada vez más profunda.

Del polarizado escenario someramente esbozado -que podría además saltar por los aires ante cualquier nubarrón que quiebre el espejismo de bienestar vigente- se deduce una constatación de enorme relevancia para la conformación de los antagonismos sociales que pugnen por contener el embate desatado por la apisonadora capitalista contra los pilares de la subsistencia cotidiana. Cuando la agresión de la acumulación de capital -en declive inexorable desde hace medio siglo- impacta contra los ámbitos esenciales de la reproducción social, con la vivienda en lugar destacado, las luchas populares contra la violencia inmobiliaria y urbanística devienen el fulcro principal de las resistencias que brotan por doquier frente a la devastación rampante.

El geógrafo Agustín Cócola Gant reproduce la premonitoria posición del filósofo Henri Lefebvre, probablemente el más influyente teórico del fenómeno urbano moderno, acerca del desplazamiento del terreno de la lucha de clases de la “fábrica” al “territorio”:

“Lefebvre sostenía que hoy, más que nunca, la lucha de clases se encuentra inscrita en el espacio. Anticipaba, además, que si la explotación capitalista para obtener plusvalías se iba a centrar en la especulación inmobiliaria, el futuro de la lucha de clases se reflejaría en la defensa del territorio, ya fuera el monte, la ladera o el espacio vivido del barrio, en donde la defensa del valor de uso se levantaría ante el avance de la acumulación y el ansia de beneficios”.

Las nuevas formas de la lucha de clases, enfocadas en la defensa del “valor de uso” de los bienes básicos, de los cuales nadie puede prescindir sin caer en el más absoluto ostracismo social, demandaban por tanto cambios radicales en las formas de organización de las clases populares frente a la feroz acometida de los amos del poder y del dinero.

Las dos “almas” del movimiento de vivienda

“El anhelo de tener una vivienda propia es muy respetable y entonces en un modelo ideal de vivienda debería existir un fuerte parque de vivienda social, un parque importante de alquiler regulado como hay en otros países, un parque de cooperativismo y cesión de uso y podría haber también pequeña propiedad. No hay que confundir la pequeña propiedad con la gran propiedad de la especulación con la vivienda”

Ada Colau

Tales son las peliagudas cuestiones que tienen que afrontar las organizaciones surgidas en los últimos años -sobre todo a partir de la fundación de los Sindicatos de Inquilinas en 2017-, herederas en buena medida de la experiencia de la PAH, para organizar la defensa de las innumerables víctimas de la violenta “crisis habitacional”, que además no deja de agravarse un año tras otro. Su aparición ha servido asimismo para visibilizar la tragedia social que estaba suponiendo la estratosférica subida del alquiler -la vía de recuperación del sector inmobiliario español tras el colapso hipotecario de 2008- y para empoderar a sus víctimas, mediante el desarrollo de innovadoras estrategias de lucha contra el desaforado extractivismo imperante en el sector inmobiliario. Los procesos de “negociación por bloques” con propietarios de edificios enteros, generalmente fondos buitre, grandes bancos o la SAREB, con el objetivo de evitar la expulsión “silenciosa” de los vecinos, buscando soluciones conjuntas en pos de lograr la renovación de los contratos de alquiler sin subidas desorbitadas; y el recurso a la huelga de alquileres, como vía de presión y acto de desobediencia colectiva para combatir las cláusulas abusivas y la unilateral rescisión contractual por parte de la propiedad, constituyen sus principales estrategias de acción sindical en defensa de los desvalidos arrendatarios. Y resulta también muy importante el éxito obtenido -a costa de arrostrar la dureza de la represión jurídico-policial, con la imposición de gravosas multas al amparo de la infame Ley Mordaza- en la detención de algunos procesos de expulsión masiva de inquilinos y en la paralización de múltiples desahucios, atajados gracias a la presión sindical y al coraje de los colectivos de vecinos, que en algunos casos han logrado arrancar al fondo buitre de turno alquileres asequibles y contratos estables.

Sin embargo, el análisis de la situación actual del movimiento, justo en el momento de producirse la revuelta de las acampadas, no deja de producir una cierta desazón. Más allá de las mencionadas y muy loables prácticas de las luchas cotidianas por la defensa de las víctimas de la violencia inmobiliaria, los planteamientos de las organizaciones sindicales de vivienda adolecen de errores en el diagnóstico de la situación actual, en el marco teórico utilizado para interpretarla y en las estrategias planteadas para alcanzar transformaciones de calado en el endemoniado «asunto» del acceso a la vivienda. La principal fractura ideológica dentro del movimiento, entre los Sindicatos de Inquilinas y los Sindicatos de Vivienda Socialistas, creados a partir de 2023, reproduce la dramática escisión ocurrida en las organizaciones del movimiento obrero en los albores de la Primera Guerra Mundial. De nuevo reaparece pues la vieja dicotomía luxemburguiana entre reforma y revolución.

Empero, y a pesar del aparente abismo entre los dos planteamientos, ambos comparten paradigmas obsoletos, que no registran correctamente las transformaciones tectónicas ocurridas en las sociedades occidentales bajo el talón de hierro de las políticas neoliberales. Los marcos ideológicos tradicionales que encarnan representan por tanto un utopismo de cariz “negativo”, al alimentar la vana ilusión de la posibilidad de implementar reformas significativas a través de las palancas del Estado burgués o, alternativamente, la también irreal expectativa de “asaltar los cielos” mediante la revolución social a cargo del Príncipe del proletariado, personificado en el Partido Comunista de Masas.

Las dos “almas” del movimiento reproducen asimismo dos errores arquetípicos de las tradiciones de las que proceden. Por un lado, la rama reformista atribuye las principales responsabilidades de la tragedia inmobiliaria en curso al tumor especulativo -el capital rentista-, que parasita una supuestamente benéfica economía productiva, y a las políticas públicas cómplices que no atajan su metástasis. La denuncia del flagrante abuso de poder de los desalmados especuladores ―las élites, el 1%, los fondos buitre, grandes tenedores, etc.― y la correspondiente reclamación de controles, regulaciones y demás medidas legales que nos encaminarían hacia la derrota del “rentismo” conforman el ADN del progresismo hegemónico.

El fiel de la balanza se sitúa, en consecuencia, en la abusiva extracción de rentas -el “rentismo activo” y encarnizado, cuyo símbolo son los fondos “oportunistas”-. De este modo, se exculpa al pequeño propietario arrendador -el “rentista pasivo”, que completa los magros salarios con el alquiler del “pisito”- de tener alguna responsabilidad en la catástrofe vigente. Pero esta altamente discutible división de economía moral omite que ese pequeño rentismo es en realidad el epítome de la sociedad de las clases medias y que constituye la abrumadora mayoría de los arrendadores, que se suben con entusiasmo al carro de la exponencial inflación inmobiliaria. No se cuestiona por tanto en absoluto la propiedad privada, que es el auténtico germen del “problema de la vivienda”, al convertirla en un “valor de cambio” y en el nicho de inversión y de revalorización patrimonial preeminente en el capitalismo neoliberal, relegando su función primaria de “valor de uso” a un rol totalmente subordinado.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cataluña, Carme Arcarazo, traza esta línea de demarcación de carácter moral, que busca “poner coto a la especulación, no penalizar al ahorrador”:

“No puede ser que los inversores lleguen a nuestras ciudades, se adueñen de nuestros pisos y jueguen con ellos al Monopoly (…). El objetivo es muy simple: poner coto a la especulación, no penalizar al ahorrador. Es a ese monstruo financiero al que debemos aplicar toda la fuerza de la ley. Los pisos tienen que ser para vivir, hay que prohibir las compras especulativas”.

En el lado opuesto de la “trinchera” ideológica dentro del movimiento, los Sindicatos Socialistas de Vivienda proclaman su vocación revolucionaria en la más aquilatada tradición del marxismo-leninismo. Nos hallamos pues ante una reedición anacrónica del esquema mecanicista característico del marxismo ortodoxo, que entroniza a la clase trabajadora como el sujeto preeminente de la lucha de clases en pos de la construcción del Estado Socialista, tras el triunfo glorioso de la Revolución social. En este caso, y a diferencia del sectorialismo del Sindicato de Inquilinas, el movimiento de vivienda se considera una herramienta estratégica para contribuir a erigir una alternativa política revolucionaria para la clase trabajadora: el Partido Comunista de masas:

“Cada victoria, energía, conocimiento y fuerza acumulados por el Sindicato de Vivienda ha de ser una aportación en el camino de construcción de un gran Partido Comunista de Masas centralizado, que no es otra cosa que la unión de todas las organizaciones del proletariado revolucionario en una fuerza capaz de disputar el poder a la burguesía e instaurar las condiciones del Estado Socialista”.

La solemne declaración anterior está extraída de la Propuesta Política del Sindicato Socialista de Vivienda de Cataluña, tras su creación en 2024.

No obstante, y a pesar de las, aparentemente insalvables, diferencias ideológicas, las medidas propuestas por el “alma revolucionaria” del movimiento adolecen del mismo cariz estatista e irreal que las del “alma reformista”: “Por una vivienda gratuita, universal y de calidad. Abolición del alquiler, de las hipotecas y condonación de cualquier deuda inmobiliaria. Expropiación de los pisos vacíos o destinados al turismo. Fin de los desahucios, sea cual sea la propiedad”.

En realidad pues ambos paradigmas incumplen lo que el filósofo Manuel Sacristán denominaba uno de los requisitos para la construcción de una fuerza político-social realmente transformadora: “no engañarse con las cuentas de la lechera reformistas ni con la fe izquierdista en la lotería histórica”. Este carácter ilusorio convierte a tales planteamientos en utopías “negativas”, fundadas en premisas erróneas, que plantean escenarios irreales y convierten los vanos esfuerzos por alcanzarlos en fuentes potenciales de desaliento.

La somera descripción de los marcos respectivos resulta imprescindible para comprender las propuestas y las estrategias que desarrollan sus actores en el actual momento de efervescencia popular.

La apuesta por la huelga general: ¿una vía muerta?

En estas circunstancias convulsas, el sorprendente levantamiento popular -emulando a su hermano mayor de quince años atrás- irrumpe con un fulgor deslumbrante en la anodina cotidianeidad de la democracia burguesa. Y gran parte del mérito corresponde sin duda al Sindicato de Inquilinas de Madrid, que desarrolló de forma audaz la estrategia de iniciar la acampada tras una masiva manifestación celebrada el 26 de septiembre, en protesta precisamente por el traumático desahucio de Maricarmen Abascal, dando así el pistoletazo de salida a la movilización popular.

El éxito, tan fulminante como inesperado, de la masiva protesta, que se extiende como una mancha de aceite por toda la geografía española, empuja a las organizaciones de vivienda, encabezadas por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, a poner sobre la mesa su propuesta estrella: la convocatoria de una huelga general por la situación dramática del acceso a la vivienda. Ahora bien, lo cierto es que no se trataba de una completa novedad. La organización ya había lanzado la idea con bastante anterioridad al levantamiento de las acampadas, celebrando asimismo varias asambleas preparatorias y reuniones con otros colectivos para pulsar los ánimos de las organizaciones sociales de cara a su celebración.

El portavoz del Sindicato de Inquilinas de Barcelona Enric Aragonés resume los motivos fundamentales de la convocatoria de huelga:

“Tenemos una dirección clara que hoy se llama huelga general. Haremos la huelga para bajar los alquileres, por contratos indefinidos, para prohibir la especulación, por un impuesto a la riqueza. La hacemos para no tener que renunciar a estudiar lo que quieres, a tener hijos, a quedarte al barrio”.

Las demandas formuladas reflejan pues el carácter estatista y reformista, característico de la organización que la promueve, que las convierte en auténticas quimeras en el actual contexto de hegemonía de un capitalismo neoliberal privatizador y recortador y un Estado burgués completamente sometido al talón de hierro de los dictados de la Europa de Maastricht:

“Por una vivienda digna, pública y universal para la clase obrera y la juventud. Expropiación de los caseros rentistas y fondos buitres. ¡Ni un desahucio más! Contratos indefinidos y bajada de los alquileres un 50%!”

El alma revolucionaria del movimiento se suma con entusiasmo a la convocatoria, a pesar de marcar diferencias con los planteamientos reformistas del Sindicato de Inquilinas. Empero, también surgen voces discordantes en su seno que reconocen la dificultad, frente al acusado triunfalismo del “alma reformista”, de que la arriesgada apuesta llegue a buen puerto:

“En este sentido, hemos de tener claro que una huelga general convocada desde fuera de los centros de trabajo, sin un trabajo sistemático y generalizado de agitación en las secciones sindicales y las plantillas, y sin una apuesta real por parte de los sindicatos del Estado actualmente hegemónicos (que nunca harán ninguna convocatoria que desestabilice al gobierno, sino que en todo caso la harán para reforzarlo), no puede ser una huelga exitosa”.

Así pues, el éxito de la convocatoria de huelga para el 11 de noviembre ha sido aparentemente apabullante. Incluso los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, volcados desde hace años en el apoyo al gobierno progresista, se suben al carro y tratan incluso de tomar la iniciativa a través de la convocatoria formal de la huelga -al tratarse de una huelga laboral, son las organizaciones sindicales las habilitadas legalmente para hacerlo-, incluyendo asimismo demandas de mejoras salariales, que compensen la enorme pérdida de poder adquisitivo que representa la subida sideral del precio de la vivienda. Hasta el presidente del Gobierno en funciones expresa, con mal disimulada satisfacción, su “respeto” por la propuesta, y la exvicepresidenta Montero llega a afirmar demagógicamente que se trata de una huelga convocada “contra la oposición, por derribar los decretos de vivienda”, tratando de eximir de responsabilidad en el desastre inmobiliario al gobierno del Estado durante los últimos ocho años. Incluso las centrales anarcosindicalistas, como CGT, Solidaridad Obrera y CNT, apoyan con triunfalismo la convocatoria unitaria “para la organización de una huelga general de verdad, en la que se detenga la producción y lo paremos todo”. Tal alborozo se refleja en las siguientes declaraciones de Nieves Román, secretaria general de la CNT, celebrando el histórico acuerdo con el resto de sindicatos “combativos”:

“Ha sido una reunión histórica (…). Podemos congratularnos de estar más cerca de conseguir una unidad más amplia del movimiento obrero. Queremos que el sindicalismo llegue a todos los sectores, incluyendo juventud, población migrante y otros que tradicionalmente han estado oprimidos”.

Nos hallamos por tanto ante una movilización que goza de un apoyo sin precedentes en el Estado español, por parte de prácticamente la totalidad de los sindicatos de clase y de los de vivienda, y que se produce además en plena precampaña electoral ante la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre. La fecha de la huelga, 18 días antes de las elecciones generales, somete inevitablemente la potente y plural energía “destituyente” que emerge de las acampadas a las servidumbres de un calendario mediático y electoralista que le es, en principio, totalmente ajeno. Esta extraña situación, que combina la absoluta convergencia de fuerzas políticas y sociales tan heterogéneas con la inserción en la agenda político-mediática, totalmente sincronizada con el calendario electoral, suscita una serie de desasosegantes interrogantes: ¿está realmente justificado plantear una posición crítica ante la convocatoria de huelga, que cuestione su oportunidad y su utilidad para avanzar hacia cambios relevantes en la pesadilla que representa actualmente el acceso a la vivienda; o resulta una actitud extemporánea y purista, que niega la enorme potencialidad transformadora de una movilización tan masiva, al aplicar criterios dogmáticos y maximalistas que no captan la complejidad y la capacidad de «desborde» de la situación concreta? Y, en el primer caso, ¿no resulta altamente sospechoso que la convocatoria suscite un apoyo tan masivo, máxime cuando este proviene en parte de aquellos que deberían sentirse interpelados y cuestionados por el agudo agravamiento del problema de la vivienda durante su prolongado mandato gubernamental?

A partir de los cuestionamientos esbozados, la aparentemente ambiciosa apuesta aparece a una luz mucho menos favorable y las inconsistencias afloran con intensidad creciente: ¿no representa un grave error y una patente falta de imaginación encauzar la potencia del levantamiento popular en curso hacia la consecución de un objetivo concreto, fijado cronológicamente e integrable en la agenda mediático-institucional, amén de asimilable incluso cínicamente por el gobierno, cuya responsabilidad en el colapso habitacional es flagrante? Y, por lo que respecta a los objetivos de las reivindicaciones -reducción drástica de alquileres, subidas salariales acordes al precio de la vivienda, prohibición de desahucios, de compras especulativas, etc.-: ¿qué sentido tiene empeñar esfuerzos ingentes en una campaña abocada al fracaso, al tratarse de medidas inaplicables por un Estado servil a los dictados férreos de la neoliberal Unión Europea, que además desvían la atención y las energías populares de otros objetivos que podrían resultar mucho más plausibles, como el reforzamiento de las redes de apoyo mutuo existentes en los Centros Sociales que participan en las acampadas, para apoyar a las personas desahuciadas y demás víctimas de la rampante violencia inmobiliaria?

La propuesta de huelga general supone por tanto -incluso más allá de su éxito o fracaso, siempre sujeto a interpretaciones contrapuestas- un brindis al sol, que además encierra al movimiento de vivienda y a la estimulante revuelta popular en curso dentro del marco reformista digerible por las instituciones de la democracia burguesa -gobierno, partidos progresistas y sindicatos mayoritarios-. Las mismas que, tras ocho años de gobierno, solo han puesto “tiritas en la femoral” en la hemorragia que el colapso habitacional en curso acelerado provoca en las condiciones de vida de las clases populares. Esa impotencia flagrante para implementar cambios de calado en un mercado salvaje no es casual. En la democracia de “propietarios”, que caracteriza al capitalismo parasitario e improductivo de la piel de toro, ninguna medida legislativa ni decisión gubernamental pondrá en cuestión de una manera significativa los intereses del bloque hegemónico, al que precisamente sostienen masivamente los “abuelitos rentistas” y los millones de trabajadores-propietarios. Y menos aún en un escenario de euforia especulativa y de subidas exorbitantes de los precios de compra y de alquiler como el que estamos presenciando. La memoria, no demasiado lejana, de la rendición con armas y bagajes del gobierno también “progresista” de Zapatero a los implacables dictados recortadores de la ominosa Troika, patrocinada por la Unión Europea, tras el impacto devastador de la crisis de 2008, resulta un recordatorio demoledor de la impotencia de la izquierda reformista para enfrentarse a los poderes fácticos y a sus mamporreros en las instituciones internacionales de la gobernanza neoliberal.

La respuesta ante tales críticas por parte de los partidarios de la huelga desde la supuesta izquierda radical política y sindical suele consistir en una defensa “indirecta” de la movilización, no solo como un fin en sí misma, sino como un medio para potenciar la organización masiva, el empoderamiento de los colectivos populares y de trabajadores.

El militante de Anticapitalistas -una de las organizaciones fundadoras de Podemos, hasta su ruptura en 2020- Brais Fernández resume la esencia del argumento “reactivo” someramente descrito:

“Se tendrá que disputar políticamente la orientación de la movilización para evitar que se convierta en un acto de precampaña progresista y favorecer que la clase trabajadora y el pueblo aumenten su autonomía con respecto a los gobiernos. Además, la consigna principal debe ser construir comités populares por la huelga general en los barrios”.

Sin embargo, esta estrategia de construcción de un verdadero “contrapoder” popular, a través de la profundización y radicalización de la movilización, adolece de varias falencias que la convierten en otro brindis al sol difícilmente realizable, y por tanto generador de desánimo y desafección. En primer lugar, no saca al movimiento de vivienda y a sus aliados “circunstanciales” de la sincronización con el calendario electoralista y de la estéril interlocución con el Estado burgués. Es decir, la función principal de los “comités populares de barrio” sería preparar una huelga basada en la dinámica demanda-reivindicación, dirigida a las instancias gubernamentales; no en potenciar desde abajo el apoyo mutuo, la acción directa, las redes de comunidades en lucha y la okupación. De hecho, el Sindicato de Inquilinas anunció recientemente su retirada de las acampadas con el objetivo de “orientar los esfuerzos organizativos hacia la convocatoria de huelga y llevar la movilización a los barrios”. En segundo lugar, poner “todos los huevos en la cesta” de la preparación de la huelga idealiza la potencialidad radical de la clase trabajadora, orillando las colosales transformaciones ocurridas en las últimas décadas neoliberales en la estructura laboral, que no solo alteran sustancialmente su composición, sino que además alejan a nutridos contingentes de los que se ganan el pan con el sudor de su frente de cualquier veleidad antagonista. Recordemos de nuevo que, sin ir más lejos, en este país más de la mitad de los trabajadores asalariados son propietarios de una o más viviendas, la mayoría con hipoteca pagada. Por no mencionar la marcada derechización que se observa en amplias capas del proletariado “clásico” y en las inmensas bolsas de precariedad que caracterizan al fracturado mercado laboral vigente.

Y, por último, como describe Emmanuel Rodríguez, el registro de la historia reciente de movilizaciones semejantes y las transformaciones tectónicas ocurridas en la “sociedad de las clases medias” no permiten albergar ningún optimismo acerca del éxito de la convocatoria ni confianza alguna en la factibilidad de sus presuntas conquistas:

“Ninguna huelga general de la historia reciente del país, convocada a toque de silbato de estas prolongaciones del Estado (UGT y CCOO), ceñida a un día o a unas pocas horas de un día, ha servido para gran cosa. La más interesante de todas ellas se produjo en 1988, y sencillamente fue la culminación (y también la forma de neutralización) de una oleada de protestas laborales contra la precarización del trabajo y la extensión de la temporalidad. Aquella huelga masiva y brutal se disipó, sin embargo, en 24 horas, cuando los sindicatos fueron traídos a la mesa de negociación con el gobierno. Las siguientes huelgas que se pueden recordar (como la del 92, la del 94 o las que siguieron a la crisis de 2008) cumplieron este mismo patrón, si bien todavía con menos fuerza”

Quizás el único aspecto positivo, de carácter especular, que pueda tener la apuesta por la huelga general sería poner de manifiesto una vez más la esterilidad de la vía de la demanda y la reivindicación “hacia arriba” de transformaciones radicales, y el error garrafal que supone considerar al Estado neoliberal como un “campo en disputa”. Y, en ese caso, el valor pedagógico de la enésima constatación de la futilidad del intento de doblarle la cerviz al poder social capitalista a través de las mencionadas palancas institucionales, cabe albergar la esperanza de que potencie la movilización popular desde abajo, guiada por el espíritu de la acción directa y la autogestión. Pero de esta expectativa “agónica” no hay ni rastro en el triunfalismo exhibido por todos los colectivos y organizaciones promotores de la huelga general.

De este modo, y ante la radiografía esbozada de la situación del movimiento de vivienda, sus enfoques teóricos desnortados y sus planteamientos estratégicos irreales, que sustentan la euforia con la que se presenta la convocatoria de la huelga, resulta perentorio plantearse si existe una alternativa que vaya más allá de la añeja dicotomía entre reforma y revolución y del acusado estatismo de ambas facciones. Más aun cuando la prácticamente segura llegada de la caverna ultraderechista al poder estatal comportará un recrudecimiento de la represión contra los movimientos sociales y de la agresión neoliberal contra las condiciones de vida de las clases populares. Una vía de lucha y de organización popular que represente un medio eficaz de resistencia contra la violencia inmobiliaria, amén de un intento de abrir grietas de vida comunitaria en el erial circundante, que trasciendan el ámbito concreto del “movimiento de un solo asunto”. Frente a las utopías “negativas” -en el sentido de irrealizables-, que representan el “cuento de la lechera” reformista y el milenarismo revolucionario, se trataría, en fin, de rescatar el utopismo “positivo”, que emana de los intentos de construcción de una infraestructura urbana radical “aquí y ahora”.

Por una infraestructura urbana radical

“Las okupaciones son peligrosas para los especuladores pues ponen, por la vía de la acción directa, al descubierto la ilegitimidad de la actitud egoísta y derechista del sagrado interés privado, frente a una necesidad masiva de la población. Los/as okupantes somos sólo la punta del iceberg, no tenemos un problema personal solucionable por la caridad y lástima bienpensante, somos parte de un conflicto colectivo de esta ciudad (y de muchas otras). La okupación habla por sí sola, es expresiva, rompe el cerco de la información monocolor y abrumadora que se nos impone; resiste en la calle, de donde de derrota en derrota, el Estado y el mercado de consumo están expulsando a los/as vecinos/as y en especial a la gente más combativa.”

Anónimo E, 1994

El historiador y activista Pablo Carmona nos ofrece un prontuario que, partiendo de la esterilidad de la expectativa de transformación social «desde arriba», pone el acento en superar la frustrante dinámica movimentista de la “demanda y la reivindicación», en pos de experimentar con la construcción de luchas urbanas que arrebaten el territorio al poder urbanístico y lo liberen de los grilletes de la ciudad-mercancía:

«El eje central del problema, que quizás tarde en percibirse pero que será inevitable, es que toda la izquierda movimentista está sumida en una terrible falta de imaginación que, aunque sea momentáneamente, deje fuera de sus ecuaciones de lucha, el factor estatal en un sistema de demandas y reivindicaciones. Por eso, por pequeñas que sean, todas las experiencias que -por marginales que parezcan- juegan a experimentar con un escenario de quiebra estatal están anticipándose a lo que está por venir: un mundo donde no habrá redistribución sin expropiación, donde no existirá ninguna simbiosis entre el Estado y el Capital (…). Por finalizar y, si se quiere, como sentencia final, podemos decir que buena parte de los movimientos de lucha deben aprender a quedarse huérfanos. Huérfanos de Estado y de la política de la demanda y la reivindicación. Solo desde ese horizonte se podrán pensar alternativas de pelea a un mundo en crisis».

Se trataría por tanto de explorar una “tercera vía”, que vaya más allá de las dos “almas” del movimiento de vivienda y que pugne por canalizar la extraordinaria energía de las movilizaciones en curso hacia la potenciación de infraestructuras urbanas radicales, apuntando al desarrollo de una expansión «molecular» del levantamiento de las acampadas, más allá de la duración concreta del mismo.

En la lista de colectivos participantes en la masiva acampada de la Puerta del Sol aparecen un gran número de Centros Sociales autogestionados: la Animosa (Hortaleza), La Casika (Móstoles), La Enredadera (Tetuán), La Rosa (Centro), la EKO de Carabanchel o el colectivo feminista Ariskas, ligado a La Villana de Vallecas.

“Los Centros Sociales Okupados son espacios de vida, de apoyo mutuo, de politización, de crear un ocio no basado en el consumismo. Son espacios de encuentro, de tejer redes. Y espacios de lucha, desde donde nos organizamos para luchar contra las múltiples discriminaciones que sufrimos (…). Cuando nos vayamos de Sol, seguiremos en cada barrio y pueblo, en cada Centro social autogestionado y movimiento social. Si nos echan de uno, abriremos otros”.

Las palabras previas, extraídas de un texto del CSO La Enredadera, describen el carácter dual de este tipo de espacios “liberados”. Por un lado, son bastiones de resistencia activa frente a la gentrificación y la turistificación que asolan los barrios y, por otro, fungen como embriones de nuevas formas de vida comunitaria.

La agrupación anarquista de Carabanchel y La Latina expone los motivos para participar en la acampada desde una perspectiva anarquista, bien alejados de la reclamación de supuestos “derechos” al poder estatal, que en el fondo no hacen sino reforzar la cultura de la propiedad y el individualismo atomizado imperantes en la democracia partitocrática:

“¿Por qué estás en la acampada?¿Cuál es tu objetivo? Los anarquistas no estamos por el “derecho” a la vivienda porque toda forma de regulación estatal (“derecho”) es siempre opresiva y a favor de las autoridades políticas y financieras. No estamos para “regular” a los especuladores o para tener una casa “en propiedad”. ¿Por qué se nos obliga a pagar un alquiler o a ser propietarios? Creemos juntas una cultura de la okupación, de la habitación de las calles, de la liberación de los barrios”.

Este carácter pragmático y concreto, sin vanas ilusiones puestas en que los cambios vengan “desde arriba”, sirve además como centro de anudamiento de diversas luchas auténticamente interseccionales. Las reivindicaciones feministas, ecologistas, pacifistas y antirracistas forman parte, entre otras muchas, de la esencia de los nuevos “entornos radicales”.

La función social del lugar “liberado” y el balance de la experiencia de vida comunitaria cambian cuando el Centro Social deja de concebirse como “una excepción heroica” para ser, como expone Kike España, el nodo aglutinador de una infraestructura al servicio de las luchas populares:

“No ser solo un refugio, sino una interfaz de lucha: un punto de ensamblaje vecinal, de contagio de la desobediencia, de recomposición política y material del deseo de construir otras vidas en lucha. Para ello, es imprescindible dejar de concebir el centro social como una excepción heroica y pensarlo como parte de una infraestructura diseminada de lo común al servicio de las luchas”.

Más allá del triunfalismo y de la sonoridad hueca de las viejas y gastadas proclamas, la cuestión crucial es que el sindicalismo de vivienda -igual que el laboral, por muy radical que se considere- no puede representar más que una vía defensiva -también por otro lado muy necesaria, como se ha enfatizado previamente- para paliar los dramáticos efectos de la agresión rampante de los “dueños de la ciudad” contra las condiciones de vida de las clases populares. Para superar el sectorialismo del movimiento de “un solo asunto”, en pos de transformaciones de calado, debería tenderse pues hacia formas más diversas de organización horizontal, como las que representan los Centros Sociales autogestionados, que podrían servir asimismo de sedes y lugares de ensamblaje de lo que Carmona denomina “comunidades en lucha”:

“La forma diversa y desestructurada del sistema de propiedad lleva aparejada una dificultad similar a la que se encontró el sindicalismo laboral. Por este motivo, hay dos posibles opciones ante esta realidad. La primera es especializarse de manera intensiva en construir un movimiento sindical en el ámbito de vivienda. La segunda sería ampliar la estrategia sindical a otros ámbitos que permitan caminar hacia comunidades en lucha no sectorializadas. Escapar con ello del sectorialismo, el corporativismo y la prestación de servicios en los que derivó buena parte del sindicalismo laboral”.

Sin embargo, estas frágiles aunque esperanzadoras experiencias suscitan inmediatamente, en los enconados debates que se desarrollan entre las fuerzas político-sociales sedicentemente anticapitalistas, lo que el filósofo Manuel Sacristán denominó el eterno problema de la “eficacia revolucionaria”. ¿No se trata, más allá de su pretendida pureza, de experiencias marginales que, además de ignorar el problema del poder, acaban siendo, primero aisladas y luego aplastadas por el entorno hostil, provocando la desmoralización y la desmovilización de los participantes? ¿No terminan dejando estos brotes verdes, al recluirse en los márgenes y abandonar el escenario político-institucional, expedita la vía para el ejercicio del poder real por parte de los mamporreros del capital en los hemiciclos y en los poderes fácticos? Y, en el caso improbable de que se consiguiera abrir una cuña en el muro macizo construido por el poder capitalista y sus esbirros, ¿cómo podrían ampliarse esas grietas en la compacta estructura de dominación, para apuntalar las resistencias y amalgamar esos núcleos dispersos en el proyecto de construcción de un frente amplio anticapitalista que pugne, en los términos de Miquel Amorós, por “trascender las lindes del enclave”?

No se trata en absoluto de negar la pertinencia de tales cuestionamientos. El carácter en muchos casos limitado y efímero de estas experiencias no deja de producir cierta desazón e impotencia, ante la ímproba dificultad de encauzar las luchas “guerrilleras” por la liberación de los barrios de la losa aplastante de la ciudad-mercancía hacia escenarios verdaderamente sistémicos. Empero, en los tiempos sombríos que vivimos, de avance imparable de las fuerzas de la caverna ultra y de intensa desmovilización social, cuando las otras alternativas transformadoras ya esbozadas resultan callejones sin salida y caminos estériles que no ofrecen ni un diagnóstico certero de la acerba realidad social ni estrategias apropiadas para transformarla, esta expansión molecular del antagonismo social es la única opción radical -por marginal que parezca- realmente pragmática. Habría incluso otro motivo hipotético que reforzaría la afirmación previa. Si el diagnóstico de la inexorable degradación capitalista -acelerada súbitamente por un shock financiero, climático, biológico, etc- es certero, los contingentes ya radicalizados de las clases populares se verán engrosados por oleadas de desposeídos de la ilusión de bienestar (jóvenes sin perspectiva de propiedad, migrantes, trabajadores precarios y desempleados), todavía imperante agónicamente en nuestros islotes primermundistas. Pero para ello resulta imprescindible contar con esa red molecular de nodos de insurgencia coordinados, que acoja a esos grupos de desencantados con la falacia de la sociedad “opulenta”. Habría pues que rescatar la “dimensión utópica” del pensamiento crítico para, en las hermosas palabras de Miquel Amorós, desarrollar la vía transformadora más pragmática, precisamente por su utilidad de servir de “antídoto contra el derrotismo”:

“Cuando las condiciones subjetivas y objetivas de realización del socialismo no son halagüeñas, cuando las fuerzas materiales e intelectuales capaces de lograr un cambio social profundo no afloran en magnitud suficiente, la negación radical de lo existente adquiere connotaciones utópicas. La dimensión utópica del pensamiento crítico es un antídoto contra el derrotismo, porque si bien refugia el deseo de una vida libre en la imaginación y el sueño en espera del momento favorable, también plantea realizarlo parcialmente en forma de proyectos comunitarios viables. Cuando ninguna propuesta revolucionaria es inmediatamente practicable, la utopía se revela como lo más pragmático”.

Ninguna fórmula es mágica, universal ni perfecta, pero todas las alternativas de construcción de «proyectos comunitarios viables» tienen un rasgo común: la conquista de espacios abandonados o privatizados mediante la fuerza de la organización, la solidaridad y el apoyo mutuo. Y qué mejor ocasión para ello que el aprovechamiento de la masiva potencia insurgente del levantamiento de las acampadas, en pos de su expansión hacia la creación y el reforzamiento de cuñas de auténtica vida comunitaria.

La tarea fundamental de la hora, en palabras de Mario Domínguez, consistiría, en definitiva, en perseverar tentativamente, no en la “organización de las masas”, en pos de la convocatoria de huelgas generales o de la construcción del Partido revolucionario, sino en «desprender espacios liberados» de la mercantilización imperante en la despiadada ciudad neoliberal:

“Significa, por tanto, afirmar que sobre todo es preciso tender a la construcción de estas experiencias de liberación, más que a la organización de las masas (no sólo proletarias) de cara a la ruptura o la superación de los ordenamientos generales del sistema. Porque desprender espacios de liberación es posible aun en ausencia de esta ruptura o superación, o incluso porque la liberación se producirá a través de la expansión gradual, molecular y reticular de estos espacios”.

De este modo, y frente a las utopías negativas, que representan el cuento de la lechera del reformismo estatista -en el que se incluye la ilusión infundada depositada en la huelga general- y la fantasía milenarista de “asaltar los cielos” mediante la revolución socialista, el movimiento de vivienda -o al menos su facción más insurgente – debería cruzar su Rubicón, trascendiendo su condición sindical de “movimiento de un solo asunto” y avanzando hacia su fusión con una infraestructura urbana radical, una cuña de auténtico contrapoder popular en el erial inhóspito de la ciudad-mercancía.